lunes, 19 de octubre de 2020

Dictan fianza abogado acusan falsificar datos


 El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso el pago de un millón de pesos como garantía económica a un abogado acusado junto a otras personas de apropiarse de los bienes de una empresa mediante la falsificación de documentos.

El tribunal dispuso que Rafael Olegario Helena Regalado pague la citada cantidad de dinero y que se presente de manera periódica durante 60 días por ante la Fiscalía del Distrito Nacional, la cual está a cargo de una investigación en su contra por la alega falsificación de unos documentos de las empresas Hilari Mayol, S. R. L., Mayol & Co., S. R. L., Grand Cays Corporation y Okra Co., LTD, con la finalidad de apropiarse de unos terrenos.

Le impuso, además, impedimento de salida del país y apoderó al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que sea el tribunal control del proceso.

La medida de coerción fue solicitada por la Fiscalía del Distrito Nacional contra Helena Regalado, acusado junto a Paloma Soto Garabito, Reynaldo Elías Soto Sánchez y Judith Franchesca Aguasvivas Báez, de atribuirse mediante documentos falsos una propiedad en Sabana Buey, Baní, con una extensión de 636 hectáreas, 32 áreas y 2 centiáreas.

Dicha medida de coerción fue solicitada en atención a una querella interpuesta por las compañías Hilari Mayol, S. R. L., Mayol & Co., S. R. L., Grand Cays Corporation y Okra Co., LTD.

En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público afirma que el abogado Helena Regalado falsificó decenas de documentos, contratos de ventas, estados financieros, declaraciones juradas, relativos a la compañía originaria Costa Dorada S.A, para legitimar el procedimiento de propiedad, con la firma de la notario público Silvani Gómez, la cual niega su firma.

El Ministerio Público y querellantes, representados por el abogado Juan Mayol Vicioso, entre otros, afirman que para cometer el delito, los imputados usaron los nombres de unas personas que al momento de elaborarse esos documentos ya tenían varios años de fallecidos, como lo fue el caso de Graciela Cardina Caro y Luis Américo Minervino Ducoudray, cuyos números de cédulas también fueron falseados.

La solicitud de medida de coerción, señala que el abogado Helena Regalado se asoció con el resto de imputados prófugos, entre ellos Reynaldo Elías Soto Sánchez, alto oficial del Ejército.

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